Buenos Aires, 13 de mayo de 2026 — FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), realizó la jornada “Mesa de diálogo sobre Traspaso de las Competencias de la Justicia Nacional”, un encuentro que reunió a funcionarios, magistrados, abogados y especialistas para debatir los desafíos institucionales y operativos vinculados al proceso de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La actividad se llevó a cabo en el Auditorio Principal del CPACF y estuvo orientada a promover una discusión técnica, plural y constructiva sobre uno de los procesos institucionales más relevantes para el futuro de la administración de justicia en la Ciudad.
La bienvenida institucional estuvo a cargo del Dr. Pablo Pirovano, presidente de FORES, quien destacó la importancia de sostener espacios de diálogo entre todos los actores involucrados para construir consensos y avanzar en un proceso de transferencia ordenado, con previsibilidad y seguridad jurídica.
La apertura contó con la exposición del Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, quien sostuvo que “la autonomía no es un concepto abstracto, sino un proceso institucional” y afirmó que el debate actual ya no pasa por discutir si la Ciudad debe asumir competencias laborales, sino por cómo implementar ese proceso de manera eficiente y ordenada.
Durante su intervención, Tapia anunció una serie de definiciones que marcaron algunos de los principales ejes de la jornada. Entre ellas, confirmó que la Ciudad avanzará en una nueva transferencia de competencias penales y anticipó la convocatoria a nuevos concursos para la creación de 40 juzgados laborales adicionales. Asimismo, señaló que el Gobierno de la Ciudad continuará reclamando los recursos presupuestarios necesarios para sostener el proceso de transferencia y expresó como objetivo que el nuevo fuero laboral comience a funcionar el 1° de febrero de 2027.
El primer panel, moderado por el Secretario General del CPACF e integrante del Comité Ejecutivo de Fores Martín Casares, estuvo dedicado al análisis del proceso de transferencia ya implementado en la justicia criminal y correccional. Participaron el presidente de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Ricardo Matías Pinto, el Consejero de Magistratura de la Ciudad (MC) y Secretario Judicial del Observatorio de Políticas del Traspaso de las Competencias Judiciales a la CABA Manuel Izura y Deborah Dobniewski (socia de Dobniewski & García Berro Abogados), quienes abordaron las lecciones aprendidas, las dificultades operativas atravesadas y la necesidad de que los futuros procesos de traspaso cuenten con planificación, coordinación institucional y reglas claras de implementación.
En el segundo panel, moderado por el integrante del Comité Ejecutivo de Fores y socio de Bomchil Esteban Carcavallo, se debatió sobre el traspaso de competencias en materia laboral y los desafíos de implementación del acuerdo entre Nación y Ciudad. Expusieron el vicepresidente de la Cámara Nacional del Trabajo Carlos Pose, Julio Lalanne (socio de Lalanne Abogados), Carina Castrillón (socia Bullo Abogados) y la Directora General de Transferencias de Competencias y Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de Justicia de la CABA Karina Palacios, quienes analizaron aspectos vinculados al financiamiento, la estructura judicial necesaria, la continuidad del servicio de justicia y los mecanismos de transición institucional.
La jornada contó además con una amplia participación de autoridades judiciales, académicas e institucionales. Estuvieron presentes los camaristas de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Juan Esteban Cicciaro, Magdalena Laíño Dondiz e Ignacio Rodríguez Varela; las juezas nacionales del trabajo Claudia Fontaiña González, Stella Maris Vulcano y Liliana Rodríguez Fernández; funcionarios judiciales de los fueros penal y laboral; y representantes del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, entre ellos Pablo Clusellas y José Console, miembros del Consejo Directivo, y Florencia Tauz, presidenta de la Asamblea de Delegados. También participó Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y ex Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el intercambio surgieron distintos planteos sobre la magnitud del desafío operativo que implicará absorber el volumen actual de litigios laborales. Frente a ello, desde el Ministerio de Justicia de la Ciudad se señaló que se trabaja en una estructura proyectada de hasta 60 juzgados y 8 salas, además de mecanismos para facilitar la incorporación de personal y funcionarios judiciales al ámbito local.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del Dr. Pirovano, presidente de FORES, quien destacó la necesidad de que el traspaso sea abordado como una verdadera política de Estado, sostenida en el tiempo, con planificación, diálogo permanente entre jurisdicciones y seguridad jurídica. En ese sentido, remarcó que “el desafío no es solo avanzar. Es avanzar bien” y subrayó la importancia de generar consensos amplios entre todos los actores involucrados. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de que el debate quede reducido a defensas corporativas o resistencias inerciales frente al cambio institucional. En esa línea, sostuvo que la autonomía jurisdiccional forma parte del fortalecimiento del Estado de Derecho y que judicializar cada etapa del proceso como si el sistema fuera intocable puede terminar favoreciendo el inmovilismo por sobre la mejora del servicio de justicia.
Asimismo, Pirovano enfatizó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y el de la Ciudad, establecer reglas transitorias claras y garantizar la transferencia efectiva de recursos, infraestructura y tecnología para asegurar una implementación ordenada y eficiente.
La jornada dejó como principal conclusión la importancia de sostener espacios de diálogo institucional entre funcionarios de la Ciudad, representantes del Poder Judicial nacional, abogados y especialistas, con el objetivo de construir consensos técnicos que permitan avanzar hacia una justicia más eficiente, previsible y cercana a la ciudadanía.
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