Por Yamila Di Martino, abogada en Mitrani Caballero
El 1° de junio de 2026 empezó a regir el nuevo Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que alcanza a todos los arbitrajes que se inicien desde ese día, a menos que las partes hayan dispuesto otra cosa. Entre sus novedades hay una que merece especial atención por su ambición: el procedimiento altamente abreviado (Highly Expedited Arbitration Provisions o HEAP, por su sigla en inglés), previsto en el artículo 33 y desarrollado en el Apéndice VI del Reglamento. Su promesa es tan simple como disruptiva: un laudo en tres meses.
A diferencia del procedimiento abreviado que la CCI aplica desde 2017, no tiene aplicación automática ni umbrales de monto: rige únicamente si todas las partes lo acuerdan, cualquiera sea el valor de la disputa. Las partes pueden elegirlo de antemano, incorporándolo al contrato (la CCI ofrece un texto modelo para hacerlo), o bien más adelante, cuando el conflicto ya se planteó y ambas entienden que les conviene una respuesta veloz.
En cuanto a su funcionamiento, el caso es resuelto por un árbitro único, que las partes deben designar dentro de los 20 días; a falta de acuerdo, lo nombra directamente la Corte de la CCI. La demanda se presenta junto con la solicitud de arbitraje y la defensa junto con la contestación, de modo que el caso debe estar armado desde el inicio. El árbitro dispone de tres meses para laudar, plazo que comienza a correr con la primera conferencia sobre la conducción del procedimiento y dentro del cual debe completarse también la revisión del proyecto por la Corte. A ello se suman la limitación de escritos y testimoniales, la exclusión de la producción de documentos y la posibilidad de resolver sin audiencia. Los honorarios siguen la escala reducida del procedimiento abreviado y, por primera vez en el arbitraje CCI, las partes pueden acordar que el laudo no exprese sus fundamentos.
A mi entender, el procedimiento altamente abreviado es una buena noticia, con una condición: elegirlo con criterio y no por inercia. Su terreno natural son las disputas acotadas y eminentemente documentales; la propia CCI lo sugiere para conflictos comerciales sin mayores complicaciones, cuyos hechos no generan controversia o que plantean una cuestión puntual que no admite demoras. Pienso, por ejemplo, en reclamos por precios impagos, ajustes de precio en operaciones de M&A o diferencias en contratos de suministro, licencia o distribución. En cambio, no parece ser adecuado cuando se anticipa prueba pericial compleja, múltiples testigos o la necesidad de incorporar a terceros.
Estas impresiones coinciden con lo que se escuchó en la jornada sobre el nuevo Reglamento que organizaron ICC Argentina, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios el 3 de noviembre pasado. Desde la mirada de las empresas, se planteó que el nuevo carril no debería pensarse para todo un contrato complejo, sino para ciertos conflictos puntuales y esencialmente documentales dentro de él, como una diferencia de precio en un suministro de largo plazo que conviene resolver sin romper la relación comercial. También se señaló que podría acercar al arbitraje reclamos que hoy, por su monto, terminan en una transacción o directamente no se inician.
Hay, además, tres puntos de atención. El primero es estratégico: comprometerse de antemano a un procedimiento con prueba y escritos limitados puede jugar en contra si la disputa que finalmente surge es compleja, y quien resulte demandado tendrá muy poco tiempo para preparar su defensa. Por eso, como también se remarcó en la jornada, el área legal debe acompañar la ejecución del contrato e ir reuniendo la prueba desde los primeros desacuerdos. El segundo es de redacción: el consentimiento debe ser expreso, y conviene que la cláusula fije la sede y el idioma para no consumir el plazo en esas discusiones. El tercero es propio de nuestra jurisdicción: la Ley 27.449 de Arbitraje Comercial Internacional exige que el laudo sea motivado, salvo que se dicte en los términos convenidos por las partes (art. 87), apartándose en este punto de la Ley Modelo de la CNUDMI. Con sede en la Argentina, o con ejecución prevista aquí, no sería recomendable renunciar a los fundamentos sin un análisis previo.
Los datos que la propia CCI publicó en su informe oficial “ICC Dispute Resolution 2025 Statistics” ayudan a entender por qué la institución apuesta por la celeridad. En 2025 se presentaron 881 nuevos arbitrajes bajo su Reglamento, los casos en trámite al cierre del año alcanzaron un récord de 1.869 y el valor total en disputa de esos casos pendientes ascendió a USD 299.000 millones. A la vez, el 41% de los casos nuevos no superó los USD 4 millones, es decir, el nuevo umbral de aplicación automática del procedimiento abreviado, que sumó 169 casos nuevos en 2025. La vía rápida ya tiene un uso consolidado, lo que explica por qué la CCI ofrece ahora un carril todavía más veloz, del que aún no hay estadísticas.
En síntesis, el Reglamento 2026 deja a la CCI con tres velocidades: ordinaria, abreviada y altamente abreviada. La elección ya no es solo una cuestión procesal, sino que empieza en la negociación del contrato. Es un buen momento para revisar las cláusulas arbitrales vigentes y las que se están negociando.